El decreto introduce una fianza asociada a la reserva de acceso a la red eléctrica, con pagos periódicos desde la concesión del permiso mientras se mantenga la capacidad reservada, y establece un calendario estricto de hitos.

El decreto introduce una fianza asociada a la reserva de acceso a la red eléctrica, con pagos periódicos desde la concesión del permiso mientras se mantenga la capacidad reservada, y establece un calendario estricto de hitos. El sector lo considera un paso necesario para ordenar un mercado tensionado por dinámicas especulativas.

El Gobierno ha incluido en el Real Decreto 7/2026 —el decreto anticrisis aprobado en el contexto del encarecimiento de los combustibles— medidas que, por primera vez, introducen un coste asociado a la reserva de acceso a la red eléctrica sin activación de proyectos.

La garantía económica se situará en torno a los 160 euros por kilovatio y se abonará de forma periódica desde la concesión del permiso. Una vez que la instalación entre en funcionamiento, este importe podrá recuperarse mediante descuentos en los peajes de conexión.

El alcance de la medida es significativo. Con cerca de 70.000 megavatios pendientes en España, el volumen total de fianzas exigibles podría superar los 10.000 millones de euros. En este contexto, Cani Fernández, presidenta de la Comisión Nacional de los Mercados y la Competencia, ya había advertido de que más de 90.000 MW con permisos concedidos no se están aprovechando de forma eficiente.

 

Un canon para frenar la especulación

El decreto establece una «prestación por reserva de capacidad de acceso», que implica un pago mensual desde el momento en que se obtiene el permiso, aunque la instalación todavía no esté operativa. Si en un plazo de cinco años no se ha desarrollado el proyecto, el permiso caducará. Además, la norma fija un calendario exigente de hitos: el contrato de desarrollo deberá firmarse en un máximo de tres años y el acceso definitivo tendrá que formalizarse en cuatro.

El Gobierno también ha anunciado un futuro real decreto de sostenibilidad, que exigirá acreditar el uso de energías renovables, cumplir con estándares de eficiencia energética y garantizar un consumo responsable del agua. El incumplimiento de estos requisitos también podrá conllevar la pérdida de los permisos.

 

"Esto contribuirá a reducir la especulación"

Para los operadores con mayor trayectoria, la medida se interpreta como un paso en la dirección adecuada. En una entrevista con David Ribalta, Director Comercial Zona Este de Adam Data Center, se apunta que solicitar capacidad eléctrica “ha sido gratuito en este país durante mucho tiempo”, lo que ha favorecido la acumulación de derechos de acceso sin una intención real de desarrollar proyectos .En este contexto, la introducción de costes y límites temporales se percibe como un paso necesario para ordenar el mercado y reducir estas dinámicas.El operador también apunta a un cambio en la dinámica del sector, marcado por la evolución de los grandes actores tecnológicos, que han pasado de ser clientes a desarrollar sus propias infraestructuras, reflejando la transformación del mercado en los últimos años.

El sector pide equilibrio regulatorio

Desde Spain DC, la nueva normativa se analiza con cautela. La asociación reconoce la necesidad de ordenar el acceso a la red eléctrica, pero advierte del riesgo de que una regulación demasiado exigente pueda afectar también a proyectos sólidos.

“Depurar el sistema es necesario, pero no a costa de encarecer o retrasar proyectos maduros y estratégicos para el país”, señalan desde la entidad.

En este sentido, subrayan el papel de los centros de datos como infraestructura crítica de la economía digital, con impacto directo en sectores como la administración pública, la banca, la salud o la industria. Según sus estimaciones, la potencia instalada en centros de datos comerciales en España alcanzó los 439 MW en 2025 y, en un escenario sin cambios, podría superar los 2.500 MW en 2030, una evolución que dependerá en gran medida del marco regulatorio.

La clave, apuntan, estará en encontrar un equilibrio entre exigencia y previsibilidad. “Las señales económicas son necesarias, pero deben ir acompañadas de hitos objetivos, transparencia y una mejor planificación de la red”.

Además, desde Spain DC advierten de que el posicionamiento de España en la atracción de inversión internacional podría verse afectado si el entorno regulatorio resulta más gravoso o menos predecible que el de otros mercados europeos. En un contexto en el que los proyectos comparan constantemente costes, plazos y disponibilidad energética, “no desaparecen, pero sí se desplazan”.

En este sentido, el marco regulatorio no solo condiciona el desarrollo interno del sector, sino también su capacidad para competir en el entorno europeo.

 

Europa regula, pero construye menos

En cuanto a la soberanía digital, el sector mantiene una visión escéptica. Gran parte de la infraestructura cloud considerada «soberana» en Europa continúa dependiendo de actores internacionales, una realidad que contrasta con el discurso regulatorio. Como apuntan desde Adam Data Center, “hablamos mucho de soberanía, pero aplicamos poco”.

 

El mercado se enfría

La narrativa de una demanda superior a la oferta, que ha impulsado el crecimiento del sector en los últimos años, empieza a matizarse. Como apuntan desde Adam Data Center, “la demanda existe, pero no al ritmo que se ha venido proyectando” .

Este contexto, marcado por expectativas elevadas, ha favorecido en algunos casos la reserva de capacidad sin desarrollo inmediato de proyectos, contribuyendo a dinámicas especulativas en el mercado.

En este sentido, el decreto podría ayudar a ordenar el desarrollo del sector y alinear la planificación de nueva capacidad con la demanda real.

La evolución dependerá, en gran medida, de cómo se articule el reglamento de sostenibilidad anunciado y de su impacto en los próximos desarrollos.

En este escenario, el acceso a la energía gana peso en el desarrollo del sector en los próximos años. Más allá de limitar la especulación, el nuevo marco regulatorio apunta a una etapa de mayor disciplina en la planificación y ejecución de proyectos, en línea con la evolución de un mercado que avanza hacia una mayor madurez.